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Los retos de la política económica de México en el 2020

Samuel Peña

  29/07/2020

Sin duda en este año los retos de la política económica del país son complejos y con un alto grado de dificultad, lo que ha originado que las expectativas de crecimiento prácticamente hayan desaparecido o sean negativas, tal y como indican algunas estadísticas. Para muestra basta un botón, pues se ha observado que tanto la inversión extranjera como la nacional han disminuido sustancialmente.

De hecho, descendimos 14 lugares hasta llegar al número 25 como país atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED). La incertidumbre jurídica y la confusión que ha generado la política económica actual ha causado una fuerte incertidumbre en los mercados, principalmente ante los inversionistas extranjeros; no obstante, algunos inversionistas nacionales continúan a la espera y se encuentran en estatus de wait&see.

Adicionalmente, la falta de inversión se ha reflejado en la disminución de la obra pública, lo cual ha originado que el sector de la construcción se encuentre prácticamente suspendido. La economía está en una franca recesión y por lo mismo enfrenta duros retos, no sólo para lo que resta del 2020, sino incluso todo el 2021 y quizás el primer semestre de 2022.

A causa de dicha recesión hoy en día hay más de 13 millones de desempleados en el país (2 millones formales y 11 millones informales), lo que implica que la Administración del presidente López Obrador enfrentará un duro reto en la generación de fuentes de trabajo, difícil tarea vista la situación actual.

El Gobierno Federal probablemente incurrirá en una política recaudatoria ante la disminución de la actividad económica del país y el aumento de la informalidad. Si partimos de la premisa que indica que solamente el 42% de la Población Económicamente Activa (PEA) pagamos impuestos, quiere decir que forzosamente causará una drástica disminución en la recaudación fiscal y los programas sociales de la actual administración muy probablemente se verán afectados. Muchos de estos programas han recibido duras críticas por ser “programas clientelares”, lo que le pudieran generar un impacto directo en las elecciones de 2021.

Por otro lado, es claro que para la actual administración la prioridad política está por encima de cualquier otro programa, incluso el económico. Esta situación pudiera originar que el Gobierno Federal incurra en más deuda con otros fines sociales y causar así un déficit aún mayor en la cuenta corriente, poniendo en peligro las finanzas públicas ante el riesgo de un incremento en la inflación y, a su vez, una devaluación de nuestra moneda.

Desde el inicio de la presente administración, el peso se ha devaluado más un 30 por ciento.

El diagnóstico del presidente López Obrador sobre los problemas económicos del país contrastan entre su realidad y las realidades objetivas que se viven en México, aquellas que vivimos la mayoría de la población, de acuerdo a datos publicados por el INEGI. Esta situación impide tener diagnósticos certeros para aplicar soluciones más eficaces que ayuden a atenuar los problemas económicos y, sobre todo, la pobreza que padece nuestro país.

Si bien es cierto que es de admirar el combate a la pobreza que está llevando a cabo el presidente López Obrador mediante sus programas sociales y económicos, los resultados han sido adversos. Las transferencias directas del dinero de los programas sociales del Gobierno Federal no solo no resuelven el problema del bienestar social que plantea el propio ejecutivo, sino que lo acentúa y los vuelve incluso más dependientes de los subsidios gubernamentales. Contrario a la lógica económica que indica que el mejor programa social es tener un trabajo, se percibe que el objetivo que se busca es precisamente el contrario.

La historia nos ha enseñado que esas lealtades duran mientras las transferencias de fondos/dinero continúen y cesan cuando los programas se quedan sin dinero o dejan de transferir recursos a los programas sociales, similar a lo que sucedió con el presidente López Portillo en 1982. Por otro lado, el Gobierno Federal busca ampliar la recaudación fiscal entre los que ya formamos parte de la PEA formal y que somos cautivos ante el SAT; sin embargo, difícilmente lo logrará si continúa gastando el dinero en proyectos no productivos o en programas por los que no se pagan impuestos y que no generarán un retorno tributario al Gobierno federal. Dicho de otra forma, la federación pudiera estar inhibiendo simultáneamente la incorporación de los que viven en la Economía Informal.

De la misma forma, han faltado incentivos para el sector privado y desafortunadamente muchos capitales privados pudieran continuar saliendo de México, acentuando mayores dificultades en el contexto económico del país. Si a estos problemas económicos no se les da la debida atención, pudieran traer consigo problemas sociales y de inseguridad público, lo que conllevará a un mayor descontento social.

Si observamos la problemática, pudiera inclusive ser peor. Si los programas sociales no funcionan como se espera, prácticamente no se tendrán posibilidades de empleo y simultáneamente no se tendrán fondos para la obra pública, ni inversión para infraestructura y un importante porcentaje de la población quedará a merced del envío de remesas por parte de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. México no tiene opciones abiertas y menos con las consecuencias que ha traído consigo la pandemia originada por el COVID-19 y la restricción de gastos anunciada por el Ejecutivo Federal.

La perspectiva económica para nuestro país es compleja y complicada. La Pandemia originada por el COVID-19 y la política económica han puesto una situación con enormes retos para el país. La política económica de la actual administración y la presión hacia los empresarios ha confrontado al Gobierno Federal con numerosos grupos de la comunidad empresarial, incluyendo al Grupo Monterrey. Esperemos pronto se propicie tener un mayor diálogo permanente y constructivo con el sector productivo de México.

La situación en el país es complicada y puede volverse incontrolable para nuestras autoridades. Muchas inversiones nacionales y extranjeras están en hold y predomina el wait&see como un modus operandi de los inversionistas locales y extranjeros. Pareciera ser que los empresarios no están dispuestos a invertir en México hasta que haya mayor certidumbre. Pareciera ser que el poder político y económico están peleando una batalla y en medio ha quedado la economía mexicana como daño colateral con todo lo que eso implica.

El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró en mayo un descenso de 21.6% anual. Recordemos que este fue el segundo mes de confinamiento por el COVID-19. Con dicho resultado, la actividad económica acumula ya 13 meses consecutivos en terreno negativo. Es decir, ya veníamos mal aún antes de la contingencia y refleja las afectaciones incluidas en ésta.

Por otro lado, en Estados Unidos el presidente Trump propuso un paquete de apoyos a la economía de alrededor de $850 mil millones de dólares, mientras que en México el Gobierno federal ha anunciado apoyos como las tandas de $25 mil pesos a las empresas por parte de la Secretaria de Economía Federal y ha continuado con el apoyo a sus programas de Jóvenes Construyendo el Futuro; sin embargo, son insuficientes para enfrentar el tamaño de la contingencia que estamos padeciendo. Diversos analistas han externado que los esfuerzos son sumamente “cortos” ante el gigantesco problema originado por el COVID19 y por ende no ayudan a cambiar la situación económica que ya veníamos enfrentado previamente. Por lo pronto, este año 2020 se ha convertido en un año de sobrevivencia y se ha dejado a un lado la búsqueda de crecimiento de muchas empresas. Son tiempos complejos los que se avecinan para nuestro país y tendremos que continuar resistiendo y buscando hacerle frente a los nuevos retos que nos depara el futuro inmediato en México.


Twitter @Samuel_Pena_G



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(*) El autor es licenciado en derecho por el Tecnológico de Monterrey con maestría en Derecho Internacional (ll.m) por la American University, Washington College of Law y maestría en Administración Pública (MPA) por la George Washington University. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León. de posgrado en la Universidad Regiomontana. Ha sido director de Inversión Extranjera y subsecretario de Inversión y Fomento Industrial del Estado de Nuevo León. Actualmente es empresario y catedrático de la Universidad de Monterrey. Es miembro de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes y consejero de distintas empresas y organizaciones empresariales. Las opiniones expresadas son exclusivas del autor y no representan la de las instituciones con las que el autor se encuentra vinculado.

Las opiniones expresada en este espacio son responsabilidad de sus respectivos autores.

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